Sentencia destacada: absolución en juicio oral por estafa reiterada

Se obtuvo sentencia absolutoria respecto de la acusación por estafa reiterada.

El tribunal tuvo por acreditada la existencia de un mecanismo defraudatorio ejecutado por una tercera persona, pero estimó que la prueba rendida no permitió acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación de la persona acusada como autora del delito.

Determinar si la persona acusada había intervenido dolosamente como autora en una estafa reiterada o si su vínculo con la principal ejecutora de los hechos y su presencia en algunos episodios no eran suficientes para superar el estándar de prueba exigido en materia penal.

La defensa se centró en separar dos cuestiones distintas: la existencia de hechos constitutivos de estafa y la atribución penal concreta de participación al acusado.

La estrategia sostuvo que la prueba del Ministerio Público podía acreditar un engaño ejecutado por una tercera persona, pero no demostraba que el acusado se hubiera concertado con ella, que tuviera dominio del hecho, que hubiera ejecutado actos de engaño penalmente relevantes o que conociera el carácter fraudulento de las gestiones.

También se enfatizó que varios antecedentes de la propia prueba de cargo permitían sostener una hipótesis alternativa razonable: que la persona acusada también pudo haber sido engañada o utilizada por quien ejecutaba el ardid.

El tribunal estimó que la prueba rendida era suficiente para tener por establecida la existencia de una estafa ejecutada por una tercera persona, mediante supuestas gestiones de beneficios habitacionales que nunca se concretaron.

Sin embargo, respecto de la persona defendida, el tribunal concluyó que ninguna prueba tuvo mérito suficiente para acreditar fehacientemente que hubiera ejecutado directamente actos de engaño, que se hubiera concertado para defraudar o que su intervención periférica permitiera atribuirle responsabilidad penal como autor.

El tribunal razonó que su presencia en ciertos episodios, su vínculo personal con la tercera persona y algunas actuaciones auxiliares no bastaban, por sí solas, para destruir la presunción de inocencia.

La sentencia es relevante porque distingue con claridad entre acreditar la existencia de un delito y acreditar la participación penal de una persona determinada.

El fallo reafirma que la condena penal exige prueba más allá de toda duda razonable no sólo respecto del hecho punible, sino también respecto de la intervención culpable del acusado.

También resulta relevante para litigación penal estratégica porque muestra la importancia de construir una defensa orientada a la participación, especialmente en causas con múltiples víctimas, hechos complejos y prueba abundante, donde el riesgo consiste en confundir cercanía, relación personal o presencia periférica con autoría penal.