Sentencia destacada: protección contra amenaza de desconexión de alcantarillado

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, ordenando a la empresa sanitaria abstenerse de desconectar a la comunidad residencial de la red de alcantarillado público, sin perjuicio de su derecho a iniciar las acciones correspondientes para el cobro de los servicios que estimara procedentes.

Determinar si una empresa sanitaria podía amenazar con desconectar a una comunidad residencial de la red pública de alcantarillado, invocando el artículo 45 de la Ley General de Servicios Sanitarios, cuando la situación discutida no correspondía claramente a la descarga de sustancias dañinas para el sistema, sino a una controversia sobre control, medición y cobro del servicio.

La estrategia se orientó a cuestionar la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la amenaza de desconexión de un servicio sanitario esencial.

Se sostuvo que la empresa sanitaria debía recurrir a las acciones ordinarias pertinentes para resolver eventuales cobros o responsabilidades, y no ejercer presión mediante una medida que podía generar un problema sanitario mayor.

También se sostuvo que la facultad excepcional de suspensión prevista en el artículo 45 de la Ley General de Servicios Sanitarios debía interpretarse restrictivamente y no podía extenderse a supuestos no previstos por la norma.

La Corte Suprema estimó que el artículo 45 de la Ley General de Servicios Sanitarios es una norma excepcional y, por tanto, de interpretación restrictiva.

El tribunal razonó que la suspensión del servicio procede frente a sustancias que puedan dañar el sistema de recolección o interferir en el tratamiento de aguas servidas, supuesto que no se encontraba suficientemente acreditado en el caso.

Asimismo, la Corte consideró que la amenaza de desconexión era arbitraria, porque la empresa sanitaria contaba con acciones ordinarias para perseguir el cobro o regularización de los servicios, sin que ello la habilitara a presionar mediante la desconexión de un servicio esencial.

La sentencia es relevante porque aborda los límites constitucionales de la suspensión de servicios sanitarios esenciales y la interpretación restrictiva de facultades excepcionales conferidas a empresas prestadoras de servicios públicos.

El fallo distingue entre una controversia patrimonial o de regularización de servicios y la adopción de una medida de presión que podía afectar la integridad de los residentes y generar un riesgo sanitario para la comunidad.

También resulta relevante para litigación constitucional y de servicios básicos, porque muestra que el recurso de protección puede operar como mecanismo urgente frente a actos que amenazan la continuidad de servicios esenciales y generan riesgos para la salud o el medio ambiente.